Blog: Detrás de la gestión de cambio climático en Venezuela

En el país los problemas de cambio climático han quedado desplazados respecto a las demás dificultades cotidianas. La falta de recursos y bajas capacidades en la gestión de políticas públicas para enfrentar el cambio climático, sumada a la frágil institucionalidad de las entidades públicas y privadas, son algunos factores que contribuyen con la invisibilización del cambio climático en la agenda pública y política.

Por Miguel Eduardo Sánchez – Generación +1
Editado por Melissa Ingaruca y Carlos Amanquez

En Venezuela, ciertamente existen algunos proyectos de mitigación, es decir orientados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como Misión Árbol, un proyecto para la sensibilización y reducción del impacto ambiental, o la Comisión Nacional de Reforestación (CONARE),  una empresa estatal para la protección y reforestación de las zonas vulnerables del país. Sin embargo, en la práctica,  se desconocen los procesos para hacer seguimiento a su desarrollo y evaluación, y no se han presentado balances de su desempeño. Además, en el 2015 el ejecutivo degradó el Ministerio del Ambiente, pionero en Latinoamérica, a viceministerio, y empezó a ser parte del Ministerio de Hábitat, Vivienda y Ecosocialismo.  El gobierno tuvo que corregir esta acción, buscaron mezclar un ente  regulador con el ente regulado.

Los subsidios a la gasolina y a otros combustibles fósiles demuestran el poco liderazgo de Venezuela frente al cambio climático.

Al ser un Estado petróleo-dependiente, Venezuela ha limitado el desarrollo productivo en otras áreas  y convierte a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), de manera directa o indirecta, en el actor principal de contaminación del país. El Estado venezolano desde hace más de 5 décadas subsidia la gasolina y todos los servicios básicos. Esto trae como consecuencia que la energía eléctrica, el gas y  el agua tengan un valor económico insignificante para la población, desincentivando  el consumo consciente y demanda equilibrada a nivel nacional.

Lo económicamente rentable que es poseer un automóvil impulsado por gasolina hace complicada la transición al uso de transporte masivo que pueda ser impulsado por electricidad y biodiesel. Además, en los últimos gobiernos se aumentó las importaciones de alimentos de la canasta alimenticia básica, lo cual ha incrementado  seriamente  la huella de carbono producida por el transporte de los recursos importados.

El escenario internacional marcó una agenda temporal de cambio climático durante el año 2014.

El gobierno venezolano, respondiendo  al compromiso asumido durante la COP19, organizó un evento previo a la vigésima Conferencia de las Partes (COP20), que se iba a realizar en Lima, Perú. Así se realizó la “PreCOP Social”, sin embargo, en este espacio hubo mayor preponderancia de los aspectos ideológicos, distanciando así a los planteamientos propiamente vinculados con la gestión del cambio climático; de este modo, se perdió una oportunidad para el debate nacional de las políticas climáticas.

El Gobierno actual no ha presentado las “Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional” (INDC).

Venezuela es responsable del 0,5% de la cuota de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, para muchos parecerá insignificante, sin embargo, no se puede justificar el no accionar. El Gobierno tiene que plantear las estrategias y metas para reducir las emisiones.

El panorama internacional no es muy diferente del nacional. Es preocupante que el Gobierno venezolano lidere el bloque de negociación ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) conformado por Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y algunas islas del Mar Caribe, cuando Venezuela ha sido ineficaz en presentar un proyecto país para la mitigación y adaptación al cambio climático.

La ruta hacia el nuevo acuerdo climático, a suscribirse en París, requiere liderazgos, y Venezuela no demuestra ese liderazgo a nivel interno, por cual su legitimidad como líder del ALBA es discutible. La experiencia nacional no es un  ejemplo regional que demuestre la capacidad de Venezuela para liderar este grupo de negociación  conformado por países que tienden a ser más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Sin embargo, esta situación es una responsabilidad compartida. En Venezuela todos los actores sociales son responsables de que no haya un interés significativo para posicionar el cambio climático  en la agenda nacional.

Por una parte el rol de las ONG’s ha sido limitado por el campo de acción que tienen. Además, el financiamiento internacional para proyectos de educación e investigación impulsados por científicos, jóvenes y grupos organizados es muy bajo dado a los controles cambiaros establecidos por el sistema estatal, limitando así sus esfuerzos a la hora de hacer  demandas, críticas y propuestas.

Ante esto surge la gran pregunta ¿Quiénes podrán ser los agentes de cambio en Venezuela para posicionar el tema en la agenda nacional?

Ante la dinámica del desarrollo, los jóvenes deben tener no sólo el rol de innovadores para solucionar los problemas ambientales,  sino también, como restauradores de los fundamentos para la organización social.

La sociedad venezolana en su cambio constante  plantea retos de una manera exponencial. Es el momento para que la juventud asuma el compromiso y el liderazgo de convertirse en garantía de la construcción de un país plural, equitativo, justo y responsable con el ambiente.

Las acciones individuales deben ser articuladas y motivadas por el beneficio que trae mejorar la condición de vida para la colectividad y el futuro próximo del bien común.

Cada venezolano debe regenerar el entorno donde desarrollan sus cualidades y habilidades, para que  juntos formen un ideal basado en el respeto cultural y social de las prácticas, de esta manera podrán lograr una visión y misión de un país comprometido con el clima.

Además, los Entes Públicos locales, regionales y nacionales deben priorizar transversalmente el tema ambiental, es necesario que las decisiones vayan enfocadas para adoptar nuevas prácticas ecológicas.

Ahora la responsabilidad de plantear una sociedad sostenible y climáticamente justa no se limita solo a un impulso juvenil y su fuerza crítica para plantear alternativas a la crisis socio-ambiental, es toda una ruptura epistemológica, donde el conocimiento,  la ciencia, la espiritualidad y los principios serán la piedra angular de una transformación en  la historia ambiental de Venezuela.

Foto: Flickr de Mundo33

Miguel Eduardo Sánchez es estudiante de Ingenieria Ambiental y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). Es coordinador general de la Fundación +Verde +Humano Venezuela y miembro del Grupo de Investigación Embajadores+1.

 

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