Las sequías extremas y las inundaciones, acentuadas por el cambio climático, multiplican el riesgo de transmisión de enfermedades tropicales, en particular para las poblaciones más vulnerables. Urge promover la capacidad de adaptación en el sector salud de Latinoamérica.
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Es innegable la conexión que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Por ejemplo, los árboles son productores de oxígeno – esencial para la vida humana –, además alrededor de 300 millones de personas viven en los bosques y dependen de ellos para su supervivencia. Del mismo modo, el agua es vital para desarrollar procesos naturales como hidratar, respirar o sudar, y regula la temperatura corporal. Por lo tanto si la naturaleza afronta variaciones, las mismas tendrán repercusión en el desarrollo humano. En las últimas décadas, las mayores alteraciones en el medio ambiente han sido consecuencia del cambio climático, provocado por las crecientes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por las actividades humanas, que a su vez ha afectado la salud de millones de personas.
Como consecuencia, las enfermedades tropicales e infecciosas – que se manifiestan principalmente en los lugares donde predominan los climas calientes y húmedos – como la malaria, chikungunya, leishmaniasis, fiebre amarilla, y las EDA (diarreicas agudas), entre otras, se podrían incrementar debido al aumento de la variabilidad de las precipitaciones provocado por el calentamiento global, es decir, el incremento de las sequías o inundaciones según las regiones, que pone en riesgo el suministro de agua potable, según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En las zonas más vulnerables al cambio climático, como en los países de Centroamérica, la escasez de agua obliga a las personas a afrontar desplazamientos y a transportar agua desde lugares alejados para almacenarla en sus casas. Esto, explica la OMS, puede incrementar el riesgo de contaminación del recurso, y servir de criadero de mosquitos que son vectores de enfermedades debilitantes y tropicales como el paludismo y dengue.
Por otro lado, la organización indica que las inundaciones vinculadas a efectos del cambio climático como la elevación del nivel del mar en zonas costeras o las lluvias intensas, podrían también incrementar el riesgo de infecciones transmitidas por el agua y vectores.
Rubén Figueroa, representante del Ministerio de Salud de Perú ante la Comisión de Cambio Climático, explicó a ConexiónCOP que en América del Sur los países que tienen selva amazónica son los más afectados por enfermedades transmisibles.
«La malaria es un clásico ejemplo, pues en la región es una enfermedad amazónica por definición. En el Perú el 90% de los casos de malaria se producen en el departamento amazónico de Loreto, mientras que en la selva amazónica de Brasil se produce el 80% de esta enfermedad de toda Latinoamérica. Las zonas tropicales de América Central y el Caribe, son más afectadas por el dengue, fiebre de chikungunya e infección por el virus zika», explica Figueroa.
Las personas más vulnerables al cambio climático son en gran mayoría aquellas que no cuentan con recursos económicos para hacerle frente a los nuevos escenarios climáticos donde podría haber escasez de agua dulce. Según indica la OMS, en el 2012 la carencia de agua ya afectaba a un 40% de la población mundial. La falta de este recurso y su mala calidad pueden poner en peligro la salud y la higiene, con el consiguiente aumento de enfermedades diarreicas (causa de la muerte de 2,2 millones de personas cada año).
Rosilena Lindo, jefa de la Unidad de Cambio Climático de la Autoridad Nacional de Ambiente en Panamá explicó a ConexiónCOP que el cambio climático propicia un incremento en la morbilidad de enfermedades infecciosas y tropicales, que se desarrollan en zonas rurales, periurbanas y urbanas en donde se encuentran poblaciones con diferentes niveles de recurso económico.
“La capacidad de respuesta a las enfermedades infecciosas tiene una relación directa con la inversión pública en salud y el poder económico del individuo. La población pobre tiene menos opciones de acceso a la salud ya que no tiene cómo subvencionar una atención privada; esto generaría mayores repercusiones en este segmento de la población como mayores secuelas y en caso extremo y no deseado pérdidas de vida”, explica Lindo.
Al respecto, Rubén Figueroa anota que la disponibilidad de agua es el principal determinante social de la salud.
“El acceso a agua potable es un derecho humano fundamental, por ello se deben de considerar políticas de crecimiento urbano sobre todo en América Latina. También se deben de diseñar planes y programas para poblaciones rurales y pobres para reducir la vulnerabilidad al cambio climático”, sostiene.
También es necesario apuntar a la necesidad que existe en Latinoamérica de adaptarse al cambio climático y enfrentar los problemas de salud que conlleva. Por ejemplo, los países con escasez de agua pueden desarrollar planes y políticas que permitan aprovechar a gran escala el recurso con la construcción de reservorios para un uso múltiple durante el periodo de estación seca.
Otro punto importante es que la población debe de tener capacidad de respuesta rápida ante la emergencia de enfermedades.
“Al fortalecer un modelo de gestión de la transversalidad para abordar el cambio climático, en la que la práctica científica interdisciplinaria nutra a la práctica política integradora, se podrán tomar decisiones que faciliten el proceso de adaptación a los nuevos escenarios climáticos”, finaliza Rosilena Lindo.
Cambio climático y salud
Según indica la OMS, el cambio climático tiene como principales impactos directos en el sector salud:
Además, tiene como consecuencias indirectas:
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DATOS
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD
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Según la OMS, entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico.
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El paludismo depende mucho del clima. Transmitida por mosquitos del género Anopheles, esta enfermedad mata a casi 600 000 personas cada año, sobre todo niños africanos menores de cinco años.
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Panamá estableció en el 2015 el Comité de Alto nivel de Seguridad Hídrica que ha generado un plan nacional 2015-2050 en el que se abordan los retos climáticos y de distribución del agua.
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