Las negociaciones sobre el texto final del nuevo tratado destinado a frenar el calentamiento global del planeta, caminan entre el nerviosismo y la presión en la ciudad alemana de Bonn, un día antes de su conclusión, aunque también carentes de la ambición que el momento requiere.
El nuevo acuerdo universal y vinculante deberá ser aprobado en diciembre en París por los 195 países que participarán en la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
El principal objetivo del tratado es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma que no afecten a la vida en el planeta y sus ecosistemas, en lo que constituye uno de los retos más grandes que tiene la humanidad actualmente.
La conferencia de los negociadores de todos los países se celebra en Bonn, desde el 31 de agosto y hasta este viernes 4, a menos de 90 días de que la COP21 comience en París el 30 de noviembre.
Mientras no se cierra el acuerdo, durante los últimos meses muchos gobiernos presentaron sus contribuciones nacionales previstas y determinadas (INDC, en inglés), los documentos donde cada país precisa cuáles son sus objetivos de reducción de emisiones contaminantes y de adaptación a los impactos del cambio climático.
La suma global de estos objetivos debe conseguir que el planeta no incremente su temperatura más allá de dos grados centígrados, ya que es el tope de aumento que los expertos consideran seguro para preservar los ecosistemas y no sufrir grandes impactos.
Pero esas INDC parece que aún no son suficientes.
Según un estudio reciente presentado por varios institutos internacionales, las contribuciones presentadas hasta hoy representan un 65 por ciento de las emisiones globales.
El análisis asegura que la ambición de estas reducciones no es suficiente y llevan a un nivel de calentamiento del planeta superior a los dos grados de incremento considerados seguros.
El Group on Climate Change Governance, de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), también ha analizado las contribuciones de los llamados “Top-15” emisores, que han presentado su contribución: China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Canadá, Japón, Corea y México.
Su perspectiva de análisis es un poco distinta, y se basa en los conceptos de presupuesto de carbono y justicia climática.
El presupuesto de carbono son las emisiones de gases de efecto invernadero que aún podemos emitir antes de llegar al límite seguro de aumento de la temperatura de dos grados. Se estima que está alrededor de 1800 GT de dióxido de carbono equivalente.
La justicia climática es un concepto que pretende integrar criterios de equidad y justicia en los acuerdos climáticos, por ejemplo teniendo en cuenta la cantidad de gases de efecto invernadero que los países han emitido durante la historia.
Además, otorga mayor responsabilidad de reducción de emisiones a aquellos que han contaminado más, como serian la Unión Europea o Estados Unidos.
Combinando estos conceptos, el grupo de investigación considera que las contribuciones presentadas superan ampliamente el presupuesto de carbono.
Según Olga Alcaraz, profesora de la UPC, “a finales de 2030 el mundo habrá excedido de mucho su presupuesto de carbono”.
“Los países analizados serán responsables de 79 por ciento de las emisiones de aquí a 2030, perpetuando y consolidando un modelo muy injusto de distribución de emisiones” y, por lo tanto, aseguró Alcaraz a IPS, superando los límites de temperatura recomendados por los científicos.
Esto significaría que, aplicando el concepto de los presupuestos de carbono, los países estudiados estarían en 160 por ciento de su presupuesto, sobrepasándolo en 60 por ciento, solo en 2030.
Es por eso que Josep Xercavins, también profesor de la UPC, subraya la importancia de estas negociaciones.
“Lo más importante ahora es introducir el concepto de el presupuesto de carbono y la idea de justicia climática en los textos que se están negociando. Necesitamos un acuerdo que vaya en esta dirección”, afirmó a IPS.
Lo cierto es que existen muchas formas de presionar para que los países sean más ambiciosos en sus contribuciones nacionales.
La propuesta más discutida durante las deliberaciones de estos días en Bonn es lo que se conoce como los “ciclos de cinco años”.
Lo que intenta este concepto es que cada cinco años los países tengan que presentar nuevas contribuciones, asegurando que estas sean cada vez más ambiciosas en cuanto a reducción de emisiones, mientras a la vez se revise el cumplimento de las INDC anteriores.
La idea de incrementar continuamente la acción climática podría cerrar esta falta de ambición, e incluso podría asegurar que hay compromisos en materia de financiamiento ligados a estos ciclos.
De esa forma, los países desarrollados podrían ayudar a los países en desarrollo a ser más ambiciosos, proporcionándoles ayuda técnica y económica.
Finalmente, los ciclos se encuadran dentro del concepto de lo que se llama el ‘objetivo a largo plazo”, que pretende que la meta general de la reducción de emisiones sea decarbonizar la economía, es decir, tender a que las emisiones de efecto invernadero sean cero a mediados de siglo.
Isabel Bottoms, investigadora de la iniciativa Track 0 argumenta que “el objetivo a largo plazo nos muestra una visión del futuro que queremos”.
“Los ciclos políticos actuales significan que las políticas domésticas son vulnerables, ya que buenas iniciativas pueden ser retiradas en un cambio de gobierno, como por ejemplo cancelando las subvenciones a las energías renovables”, afirmó.
Para la experta, “un objetivo vinculante ayuda a crear incentivos a largo plazo, que es precisamente lo que las empresas necesitan, incluso durante cambios en los gobiernos”.
Los seis días de negociaciones que concluyen este viernes 4, continuarán a mediados de octubre, para cerrar el texto de un acuerdo, se asegura en Bonn, debe ser ambicioso, justo, y que limite las emisiones para preservar el planeta.
Este artículo fue originalmente publicado en IPS.
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