La Unión Europea (UE), China y Estados Unidos, entre otras partes centrales de la cumbre del clima de París, reclaman un pacto “legalmente vinculante” de lucha contra el cambio climático. Sin embargo, esta expresión tiene un sentido diferente para cada uno de ellos.
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Las delegaciones de los 195 países que participan en la cumbre sobre el cambio climático (COP21 ) centran hoy sus intensas negociaciones en el carácter legal del acuerdo, entre otros temas, y según, diversas fuentes, se busca una fórmula cercana a lo que persigue Estados Unidos.
Las fuentes también apuntaron a que esa expresión tiene un sentido distinto para cada una de las partes.
La UE y sus representantes públicos, incluido el comisario de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, han reiterado que quieren que el acuerdo y los 185 compromisos nacionales de reducción de emisiones presentados para el mismo sean jurídicamente vinculantes internacionalmente o quedarán en papel mojado.
China y Estados Unidos también persiguen un pacto vinculante, pero, a diferencia de la UE, no lo quieren en su totalidad sino hasta cierto punto.
EEUU busca un acuerdo por el que los países estén obligados a remitir compromisos de reducción de emisiones periódicamente, a tomar medidas internas para asegurar que cumplen lo prometido y a rendir cuentas regularmente, pero no pretende que los objetivos nacionales ofertados sean vinculantes.
La legislación estadounidense dice que todo acuerdo vinculante con “objetivos” o cifras de cumplimiento obligatorio debe ser remitida al Senado, lo que el Gobierno del presidente Barack Obama quiere eludir ante la posibilidad de que la mayoría republicana lo rechace.
Esa delegación argumenta que su propuesta contentaría a países como China o India que no quieren “atar” las cifras de reducción de emisiones ofrecidas con esa fórmula legal.
Preguntado al respecto, Yvo de Boers, una de las personas que mejor conoce las negociaciones, de las que fue jefe como secretario de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) entre 2006 y 2010, quita peso al hecho de que el futuro pacto sea “legalmente vinculante”.
Muchos países piden que lo sea a nivel internacional, “pero ¿qué significa eso? ¿Que si alguien no cumple lo llevas a la corte penal internacional? Eso nunca ocurre”, señaló a Efe De Boers.
A su juicio tendría más sentido que fuera legalmente vinculante a nivel nacional, pues argumenta que “la promesa que has hecho para el acuerdo de París la llevas a tu Parlamento y la transformas en una ley que recoja el procedimiento para cumplir lo prometido”.
De Boers, quien encabezó durante años la negociación europea, vaticina que si hay un acuerdo final con todos los compromisos recogidos “y se dice que los países los implementarán en sus legislaciones y cada cinco años los revisarán y renegociarán la ambición, la UE lo aceptará” aunque no sea vinculante internacionalmente.
El embajador mexicano y miembro de la delegación de este país, Luis Alfonso de Alba, comparte la visión de que un acuerdo bien atado “en el que todas las partes pasan por un proceso de información del cumplimiento de sus obligaciones con una revisión de pares” es lo fundamental.
Además, recuerda que el pacto prevé que cuando los países renueven en el futuro sus contribuciones no pueden prometer menos de lo ofrecido en 2015, lo que garantiza que irán revisando al alza aunque las promesas no sean jurídicamente vinculantes.
Determinará la fuerza legal del acuerdo “su contenido, no su nombre ni si es o no vinculante internacionalmente”, subrayó por su parte la experta en temas legales del World Resources Institute Eliza Northrop, quien augura que el resultado será una combinación de textos vinculantes y no vinculantes muy similar a lo que buscaEstados Unidos.
Northrop explicó que el acuerdo en sí será un pacto legal internacionalmente, por lo que para formar parte del mismo los países deberán ratificarlo posteriormente.
En cualquier caso, esa fórmula se sigue discutiendo en París, donde desde la noche del miércoles hay un nuevo texto de negociación con cinco páginas menos (50 en lugar de 55) pero con más paréntesis (1.400 frente a 1.250).
El documento cuenta con 250 opciones abiertas que afectan fundamentalmente a las cuestiones más peliagudas: la financiación, mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo y la diferenciación entre países ricos y pobres a la hora de cumplir los compromisos.
Fuente: EFE
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