El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para eliminar elementos esenciales de las políticas medioambientales de su predecesor, Barack Obama.
(Foto: Matt Johnson)
«Vamos a poner a nuestros mineros a trabajar otra vez», dijo el presidente justo antes de firmar la medida. Rodeado por un grupo de mineros de carbón, aseguró que con esta medida va a «revertir la intrusión del gobierno» y «acabar con las regulaciones» gubernamentales sobre el uso del agua y de la energía. Trump llegó a la presidencia con la promesa de remover las leyes verdes que, en su opinión, dañan a la economía.
En particular, según informó la Casa Blanca, la nueva orden ejecutiva va a «ayudar a que la energía y electricidad se mantengan asequibles, confiables y limpias para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos».
Varios grupos empresariales han elogiado la iniciativa del gobierno de Trump. Sin embargo, organizaciones medioambientales advierten que esta decisión tendrá serias consecuencias tanto dentro de EE.UU. como en el resto del mundo.
Pero, ¿en qué consiste la llamada Orden Ejecutiva de Independencia Energética?
Lo que cambia
La posición de Trump respecto al medio ambiente es muy diferente a la de Obama, quien creía que el cambio climático era «real y que no podía ser ignorado».
En consecuencia, la nueva orden ejecutiva elimina el Clean Power Plan («Plan de Energía Limpia»), una política que obligaba a los estados a limitar las emisiones de dióxido de carbono en las centrales eléctricas de carbón.
La regulación fue tan impopular en los estados gobernados por republicanos, que el año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió su implementación para analizar sus desafíos legales. Además, la nueva medida elimina la moratoria que impedía utilizar tierra federal para la extracción de carbón. Y también impulsará nuevas y menos restrictivas reglas sobre las emisiones de metano procedentes de la producción de crudo y gas.
Por último, de acuerdo con el diario estadounidense The Washington Post, esta orden ejecutiva evita que los efectos a largo plazo del cambio climático sean considerados en la toma de decisiones rutinarias del gobierno.
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