La Madera Legal: una nueva lógica para acabar con la deforestación

Para enfrentar la tala y el comercio ilegal de madera, Colombia, Ecuador y Perú promueven la «madera legal» para reducir esta importante fuente de emisión de Gases de Efecto Invernadero. Este «cambio de lógica» abre también numerosos beneficios sociales y económicos a nivel de América Latina.

Foto: Gobernanza forestal

Para lograr un comercio legal y sostenible de la madera, los países de Ecuador, Colombia y Perú están apostando por crear una nueva lógica para acabar con la deforestación. Por ello, fue creada la iniciativa Pacto por la Madera Legal, mediante la cual se busca desarrollar las condiciones para generar compromisos del Estado, la ciudadanía y el sector empresarial.

Al respecto, en el marco de las actividades del Pabellón Perú de la Cumbre climática de París (COP21), representantes de estos tres países desarrollaron un conversatorio acerca de los avances de esta iniciativa en algunos países.

Colombia: Los guardianes de bosques

Ximena Barrera, miembro del comité coordinador del Pacto Intersectorial por la Madera Legal de Colombia, precisó que más de la mitad del territorio de su país está cubierto por bosques.

“El territorio de Colombia posee un 56% de áreas de bosques, lo que significa 60 millones de hectáreas. Eso hace que tengamos muchos elementos en común con Perú y Ecuador, no solo compartiendo fronteras sino también por la importancia de nuestros países en la mitigación del cambio climático” precisó Barrera, quien es también Directora de Políticas y Responsabilidad Social de WWF Colombia.

Mencionó que desde los años 90, las comunidades nativas empezaron una lucha por sus territorios, ya que las comunidades son propietarias de sus tierras de acuerdo con la legislación vigente. Esto ha significado que el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia -iniciado hace 6 años en ese país- trabaje muy estrechamente con estas comunidades nativas que son consideradas guardianes de los bosques colombianos.

Foto: SPDA

Plantaciones forestales en Ecuador

Por su parte, Juan Carlos Palacios, en representación del Pacto Social por el Manejo Forestal Sustentable y el Consumo de Madera de Origen Legal del Ecuador, simbolizó el trabajo de esta iniciativa con las comunidades nativas a través de la historia de Martin Chamik, chamán de la amazonia ecuatoriana, con quien en el año 2003 -según explicó- entendieron que existen diferentes realidades, distintas miradas y distintos intereses respecto a los bosques.

“Chamik y su pueblo vivían de la madera y de los productos forestales mientras se deforestaban entre 80 a 85 mil hectáreas de bosques ecuatorianos. Por ello, en el año 2006 nos pusimos de acuerdo entre autoridades nacionales, gobiernos locales, comunidades, pequeños y grandes empresarios para aplicar una nueva lógica para detener la deforestación y revertir las cifras: 70% de madera utilizada proveniente de bosques nativos y 30% de plantaciones forestales” precisó Palacios, quien es Director de la Corporación de Manejo Forestal Sustentable, entidad impulsora de la iniciativa por la madera legal en Ecuador.

Según explicó, uno de los más importantes avances en la promoción de la madera legal en Ecuador fue lograr la Agenda por el desarrollo forestal sustentable desde el sector privado y desde el Estado. Por eso, en el año 2008 se lanza el Sistema de Administración Forestal SAF, así como el programa Socio Bosque, a cargo del Ministerio del Ambiente.

Los representantes de Ecuador y Colombia coincidieron en la importancia de las comunidades nativas en la gestión de los bosques andino-amazónicos.

Por su parte, Gustavo Suarez de Freitas como representante de la iniciativa Pacto Nacional por la Madera Legal en Perú, dijo que este es el inicio de un camino muy largo de esfuerzo y trabajo conjunto. Conocer las experiencias para aprender de los aciertos y no aciertos de los países vecinos es clave en la promoción de la madera de origen verificado en nuestros países.

El Pacto por la Madera Legal en Perú

Suárez de Freitas, Director del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio Ambiente, entidad que lleva adelante el Pacto por la Madera Legal en Perú de manera conjunta con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Ministerio de Agricultura) y Ministerio de la Producción (CiteMadera).

Explicó que en el caso peruano, el Pacto Nacional por la Madera Legal (PNML) fue presentado en la COP20 (Lima, Perú) con participación de cuatro Ministros del Estado Peruano y el respaldo de más de diez entidades públicas y privadas. Hoy se construye gradualmente como un espacio de articulación entre entidades del sector público, a nivel intersectorial y en los diferentes niveles de gobierno, por lo que se viene preparando la adhesión del Gobierno Regional de Ucayali, la principal región maderera del país, lo que implicará compromisos en acciones a favor de la tala y comercio legal de madera.

Igualmente participan el sector empresarial desde el enfoque de oferta y demanda (Construcción, sector público, retailers, mineras, energía, etc.); la cooperación internacional, así como las comunidades nativas.  El objetivo es fomentar prácticas de aprovechamiento forestal sostenible, así como de consumo responsable de madera.

Respecto al marco legal, en Perú hace menos de dos meses fueron aprobados los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nro. 29763, por lo que se cuenta con una nueva normativa que incorpora el enfoque de promoción de la madera legal, a través de regulaciones para que las entidades del Estado adquieran madera de origen legal y para que los productores puedan acreditar la legalidad de su madera.

Foto: WWF

Gestión sostenible y comercio global

Por su parte, John Hontelez, del Consejo de Administración Foresta (FSC, por sus siglas en inglés) precisó que su organización está enfocada en propiciar la legalidad. Sin embargo, la gestión sostenible de los bosques va mucho más allá, ya que incluso si se aplican todas las leyes nacionales puede ocurrir la deforestación, las aguas pueden ser contaminadas, los ecosistemas agotados, los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas ignorados. Por lo tanto, explicó que el FSC tiene requisitos ambientales y sociales específicos que van más allá de la legalidad.

“Tan importante como los resultados finales son los procesos. Por ello cuando visito los bosques certificados FSC, converso con los silvicultores sobre cómo la certificación ha logrado diferencias en sus prácticas. Sabemos que algunos tuvieron que hacer grandes cambios tales como minimizar el uso de pesticidas y dialogar permanente con las organizaciones de la población y la sociedad civil local. Crear entendimientos y beneficios mutuos logra evitar conflictos y generar valor” detallo Hontelez.

Sin duda, los esfuerzos que se vienen realizando en Perú, Ecuador y Colombia muestran la complejidad de hacer crecer el mercado para la madera legal y las experiencias muestran que cada uno de los actores públicos y privados, así como las comunidades nativas tienen un rol en el desafío de  lograr el uso sostenible de los bosques y la oferta y demanda de madera legal.

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