Uno de los grandes hitos que se reconocen mundialmente al Acuerdo de París es que se haya dado al componente de adaptación un reconocimiento con respecto al de mitigación. Países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua – vulnerables al cambio climático – podrán aprovechar las oportunidades para adaptarse y desarrollarse.
El Acuerdo de París – adoptado por los 195 países de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) durante la COP21 – es el reflejo del compromiso de las naciones para trabajar en conjunto y evitar que la temperatura del planeta continúe subiendo, con el fin de evitar graves impactos en el clima.
Uno de los aspectos que se destacan del acuerdo, porque no había sucedido antes en ninguna Conferencia del Clima de la CMNUCC, es que se menciona claramente, en el párrafo 4 del artículo 7, la relación entre mitigación (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o GEI, responsables del cambio climático) y adaptación (esfuerzos de los países para adaptarse a los efectos del cambio climático). Así, el texto indica que «un incremento de los niveles de mitigación puede reducir la necesidad de esfuerzos adicionales de adaptación».
El punto en cuestión es importante dado que por primera vez se incluye una meta cualitativa en adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Se establece como fin proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta las necesidades urgentes e inmediatas de los países más vulnerables. Además el acuerdo plantea que los países presenten de manera periódica reportes sobre problemáticas y avances en adaptación.
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Tania Guillén, ingeniera ambiental y especialista en cambio climático, sostuvo a ConexiónCOP que tras años de negociaciones, en el Acuerdo de París, se logró un reconocimiento general a la adaptación con respecto a la mitigación.
“Lo que refleja el texto es principalmente un trabajo para lograr un objetivo mundial relativo a la adaptación, que es el resultado de la información contundente sobre los efectos adversos del cambio climático que ya viven países y comunidades alrededor del planeta. Era prácticamente imposible que adaptación fuera relegada en el Acuerdo de París”, sostiene Guillén.
Durante la COP20, desarrollada en Perú en el año 2014, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó el primer «Informe sobre la brecha de adaptación” (Adaptation Gap Report), en el que se revelaba que, aunque se logre limitar el incremento de temperatura del planeta por debajo de los 2°C en este siglo, se proyecta que el costo de la adaptación al cambio climático de los países en desarrollo alcance los US$ 150 mil millones de dólares de aquí a 2025/2030, y a entre US$ 250 mil y 500 mil millones antes de 2050.
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En el artículo 9 del Acuerdo de París referido a financiamiento, se establece que se debe de buscar un “equilibrio” entre el financiamiento para la adaptación y mitigación. En el mismo párrafo se menciona que las subvenciones serán destinadas a los países “particularmente vulnerables” y no solo a los países menos adelantados (PMA) o los estados insulares (PEI). El acuerdo hace énfasis en la necesidad de que el financiamiento para la adaptación sea en carácter de «donación», es decir, que los países vulnerables no deberían endeudarse para hacer frente a los efectos negativos del cambio climático.
Guillén explica que hasta ahora la mayoría del trabajo y decisiones relacionadas a la adaptación habían establecido beneficios o actividades particularmente para los PMA o para los PEI, que han sido reconocidos como países de gran vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.
“Países como los latinoamericanos no contaban con las mismas ventanas de apoyo y/o financiamiento, por ello, se puede identificar que en materia de adaptación – que es la prioridad de la región -, muchos de las naciones todavía no cuentan con instrumentos tan importantes como los Planes Nacionales de Adaptación. Con el Acuerdo de París, esperamos que el esfuerzo técnico y la planificación de la adaptación – a todos los niveles – se vea reforzada”, sostiene Guillén.
Sobre el mismo punto, Deissy Martinez Barón, coordinadora científica del Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) explica que el Acuerdo de París plantea algunas alternativas como aquellas asociadas al financiamiento de programas de desarrollo que incorporen medidas de defensa contra el cambio climático y de resiliencia al clima.
“En el Acuerdo también se exhorta al Fondo Verde del Clima para que acelere la prestación de apoyo a los países menos adelantados y a otros países – que son países en desarrollo – para la formulación de sus planes nacionales de adaptación. Por lo tanto, el compromiso, voluntad y capacidad de los países en diseñar proyectos, planes y programas integrales que consideren el clima como un componente esencial en la planificación para alcanzar el desarrollo es la principal estrategia para financiar la adaptación de manera coherente, especialmente en el sector agropecuario”, indica Martínez Barón.
A pesar de que Latinoamérica solo es responsable del 10% de las emisiones globales de GEI, es una de las regiones más afectadas por los efectos negativos del cambio climático.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que para un aumento de temperatura de 2.5°C, los costos ascenderían entre el 1,5% y el 5% del PIB regional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha estimado que para un aumento de temperatura de 2°C, el costo alcanzaría los US$ 100 billones de dólares por año, monto superior al financiamiento necesario para la mitigación y adaptación a nivel global.
Los países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua tienen retos muy importantes en temas de desarrollo como la pobreza e indigencia, inseguridad alimentaria, inequidad social y desigualdad que son prioritarios en la agenda nacional e incluso regional, pero que se vuelven mucho más críticos al presentarse fenómenos como El Niño que involucra disminuciones significativas en las precipitaciones y por lo tanto, periodos secos más largos de lo normal.
Deissy Martinez Barón explica que estos fenómenos incrementan las crisis en materia alimentaria y nutricional vía los ingresos familiares y vía el acceso y disponibilidad de alimentos, acentuando los retos en lo social.
“En este sentido, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, tienen la oportunidad de aprovechar el marco internacional que reconoce la importancia de la adaptación como un mecanismo para alcanzar el desarrollo y que al mismo tiempo habilita escenarios en los cuales se articule la financiación necesaria para aumentar resiliencia en los países más vulnerables”, explica Martínez.
Tania Guillén explica que el trabajo pre 2020 relacionado a mitigación es muy débil, por ende las necesidades de adaptarnos aumentarán.
“Debe aumentarse de igual manera el trabajo de adaptación y de mitigación, eso ayudará a reducir las pérdidas y daños vinculados a los efectos extremos del cambio climático, aspecto que no resultó totalmente satisfactorio en el Acuerdo de París, y que es un aspecto a los que se tendrán que enfrentar especialmente las comunidades”, finaliza.