A sólo 48 horas de la meta para definir un acuerdo global, los países en desarrollo y los países desarrollados mantienen posiciones encontradas sobre quien subvencionará la lucha contra el calentamiento global. Sin claridad sobre el financiamiento, estaremos lejos de concretar un acuerdo global.
El borrador actual del futuro acuerdo climático avanza en la mayoría de los temas, a excepción de un punto controversial: el financiamiento. Probablemente, la pregunta sobre quién deberá asumir las consecuencias económicas del cambio climático sea la más frecuente en las sesiones de la COP21.
En el borrador presentado, el texto de financiamiento indica que los países desarrollados deberán adoptar medidas para movilizar las finanzas climáticas, y que las “otras partes” podrán hacerlo a través de una cooperación sur-sur, es decir, estableciendo un apoyo no sólo financiero entre los países en desarrollo. Por sus características, el financiamiento climático es un tipo de subvención adecuado, previsible, accesible, sostenido y ampliado en el tiempo.
Otro aspecto relacionado con el financiamiento son las acciones que se deben tomar pre y post 2020, sobre las cuales aún no hay claridad.
Al respecto, Marcela Jaramillo, asesora política en E3G, sostuvo que en el tema de financiamiento se han logrado progresos, pero que todavía falta trabajo para lograr una mayor claridad en la predictibilidad de la subvención post 2020. “Es importante que se defina el financiamiento de las metas colectivas del acuerdo global para ser presentadas por ejemplo, cada 5 años. El texto borrador contiene esta acción, pero no se ha definido aún”.
Las perspectivas sobre el financiamiento climático se dividen en dos grandes fuerzas políticas. La primera de ellas agrupa a los países en desarrollo, y la segunda congrega a aquellos países desarrollados que demandan una revisión de cómo se agruparon las naciones de acuerdo al Protocolo de Kyoto (es decir, en el Anexo I y el Anexo II).
Por ejemplo, hace algunos años atrás, países como Brasil y México no eran considerados capaces de implementar políticas económicas para subvencionar los costos del cambio climático de otros países menos desarrollados. Actualmente esa perspectiva ha cambiado.
Estados Unidos es el país desarrollado que más alienta a las nuevas economías en crecimiento – y que están en capacidad de establecer medios de implementación- para que puedan dar un aporte financiero para el cambio climático. Andrea Rodríguez de AIDA explica que en este momento es muy complicado cambiar un marco global de financiamiento. “Lo importante es que los países desarrollados se den cuenta que siguen teniendo la obligación de aportar recursos, y que las economías en crecimiento que puedan contribuir lo hagan, sin que exista una vinculación legal. Eso podría ser un primer paso”, explica Rodríguez.
La segunda gran fuerza política en las negociaciones es principalmente el grupo de los países menos desarrollados (LCD, por sus siglas en inglés), que muchas veces colaboran para defender sus intereses con respecto a la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, y que piden que las responsabilidades históricas sigan siendo las mismas. Además no quieren cabida a una nueva estructura de clasificación de los países, porque temen que todas las naciones (incluidas las más vulnerables) tienen que aportar financieramente para enfrentar el cambio climático.
Por otro lado, México es una nación en desarrollo que ha pedido en reiteradas oportunidades que los países que quieran aportar para luchar contra el cambio climático, puedan hacerlo libremente. En un contexto similar, mientras que la Unión Europea es un bloque que sí pide obligatoriedad, Estados Unidos –que no ratificó el Protocolo de Kioto– no está de acuerdo con la imposición del aporte por parte de las naciones desarrolladas, y solicita que no haya una imposición legal para hacerlo.
El Fondo Verde para el Clima es hasta el momento la principal institución que recoge los aportes para generar los proyectos para hacerle frente al cambio climático, y que espera a partir del 2020, recoger 100 mil millones de dólares anuales para que se le otorgue a los países en desarrollo a hacerle frente al cambio climático.
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