Elsa Galarza, Ministra del Ambiente de Perú conversó con ConexiónCOP en el contexto de la última fase de las negociaciones del clima que se desarrollan en Bonn. La economista sostuvo que antes de culminar el 2017 el país sudamericano contaría con una ley sobre cambio climático.
Perú podría ser uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con una ley sobre cambio climático, con lo cual la obligatoriedad para reducir emisiones pasará a ser parte fundamental del trabajo del gobierno. La nación andina – que quedó devastada por el fenómeno El Niño Costero a inicios del año y que se ha propuesto reducir en 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 – está trabajando de manera articulada para tener claro el tema del cambio climático en todos los sectores. Elsa Galarza, Ministra de Ambiente ha indicado desde la COP23 en Alemania que se necesitan tomar decisiones hoy, de lo contrario la vulnerabilidad aumentará. ¨Necesitamos que los países desarrollados sean más ambiciosos”, sostuvo.
¿Cómo es el trabajo que está ejecutando Perú en el desarrollo de la COP23?
Hemos venido a Bonn con el mensaje que nosotros ya estamos trabajando en la implementación de nuestra Contribución Nacional Determinada (NDC), que es un proceso que va más allá de las negociaciones de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Nuestra NDC está netamente involucrada con el desarrollo del país, con los objetivos de desarrollo sostenible, y con acciones para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Hemos establecido 51 acciones en adaptación y en mitigación con sus debidos presupuestos. Ese es un primer resultado del Grupo Técnico Multisectorial de Cambio Climático, que durante los próximos 9 meses continuará trabajando y determinará cuáles son las brechas que quedan para poder cumplir con nuestro compromiso de reducción de emisiones. Perú no puede ver su desarrollo dentro de un contexto que no incluya el cambio climático.
Uno de los problemas que presenta Perú es su alto nivel de deforestación (20 mil hectáreas de bosques se deforestan al año), que es necesario reducir para cumplir con la contribución climática.
Efectivamente los bosques son necesarios para la adaptación y mitigación. Tenemos una estrategia de conservación de bosques amazónicos, que cuenta con un marco legal, dado que estamos ad portas de tener una ley sobre cambio climático y nos va a permitir afianzar mucho la parte institucional, pero también es importante el trabajo del Programa Nacional de Conservación de Bosques que trabaja con las comunidades indígenas.
Sobre los grupos indígenas, ellos tienen un rol muy importante en la conservación de los bosques y en la adaptación al cambio climático. ¿Cómo hará el Gobierno para tomar en cuenta sus peticiones, para que se respeten sus visiones y sus derechos?
Tenemos claro que el manejo de territorio no se puede hacer sin las personas que lo habitan. En ese sentido, las comunidades indígenas y locales tienen que tener una participación activa en el proceso de implementación de la NDC. Darle una oportunidad de desarrollo sostenible a la Amazonía es muy importante para el gobierno.
Actualmente 47% de tierras amazónicas no tienen derechos asignados, es decir no pertenecen a nadie, lo que da apertura para mayor deforestación, y por ende más emisiones, ¿Cómo van a controlar ese problema?
Es un tema que lo vemos con el sector agricultura. Sin duda, el hecho que haya áreas de bosques sin designación genera más deforestación. Tenemos que trabajar hacia el otorgamiento de títulos que correspondan a esas zonas como parte de nuestra estrategia, pero también muchas de las áreas que tienen títulos no están siendo bien articuladas, por ello hay un compromiso de los gobiernos regionales a fortalecer el tema de control.
En relación a las áreas protegidas, contamos con una normativa que implica que cuando se pida permiso de cambio de uso de suelo, el Ministerio del Ambiente tiene que dar opinión. Esto no ocurría antes porque el permiso salía desde el sector agricultura. Ahora podemos ver el proceso mucho más cerca.
Perú está trabajando en su ley de cambio climático ¿Cuál es el avance en ese proceso?
La Ley entrará en discusión del pleno del Congreso y esperamos tenerla antes que acabe el año. Esta Ley va a poner la institucionalidad más fuerte, porque hasta ahora todos los compromisos sectoriales son voluntarios. Con esta norma los compromisos pasarán a ser obligatorios, y estamos incorporando a diferentes sectores porque el tema tiene que verse a largo plazo. En la COP23 nos están mirando de una manera interesante, porque estamos avanzando de una manera articulada y planificada. Queremos la participación del sector privado, y para ello tenemos que ser estratégicos porque sabemos que no tendremos presupuesto público para todo. Además, es importante también la planificación con la población.
Los científicos indican que el cambio climático hará que los fenómenos como El Niño Costero sean más intensos ¿Qué está haciendo Perú frente a ello?.
El Niño Costero hizo que el cambio climático sea un tema más cercano al ciudadano, y eso ha sido positivo para entender que tiene que haber planificación en las ciudades, en las zonas rurales, en todo. En el tema de riesgo de desastres estamos pidiendo facultades para poder organizarnos mejor. Somos un país muy vulnerable, entonces es claro que necesitamos acciones concretas.
También es necesario educar a la población …
Estamos trabajando, de manera transversal. Durante los meses de reconstrucción luego de El Niño Costero entregamos material sobre cambio climático a los ciudadanos, y las nuevas construcciones ya cuentan con ese enfoque. Inclusive se está informando y trabajando sobre el tema de las áreas verdes y los residuos sólidos, componentes se empiezan a integrar y deberían ser parte de una planificación normal de la ciudad.
La cobertura de ConexiónCOP en la COP23 se da gracias a un programa de colaboración entre Libélula y Stanley Foundation.
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