Durante la sesión del ADP 2-10 que se llevó a cabo la semana pasada en Bonn Alemania, las 195 Partes de la CMNUCC lograron tener mayor claridad sobre los conceptos de negociación. Latinoamérica enfoca su esfuerzo principalmente en reducir las emisiones, junto a compromisos de corto plazo, lograr la transición hacia un desarrollo sostenible, hacerle frente a los impactos del cambio climático, y que los países desarrollados reconozcan su responsabilidad histórica en el aumento de GEI.
La semana pasada en Bonn, Alemania, se juntaron los 195 países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la décima parte de la segunda sesión del Grupo de Trabajo sobre la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada (ADP 2-10). La sesión fue la antepenúltima reunión de trabajo de las Partes, antes de la COP21, que se llevará a cabo en menos de 90 días en París, y donde se espera lograr un acuerdo que permita limitar el calentamiento global del planeta por debajo de los 2°C comparado a los niveles pre-industriales.
Los países latinoamericanos, que se encuentran en varios grupos, tienen posiciones diferentes en estas negociaciones, pero también están empujando varios temas en común que beneficiarán a la región en su conjunto, en especial la transición hacia un desarrollo sostenible, objetivos ambiciosos de largo plazo y ciclos cortos de compromiso, adaptación, daños y pérdidas, y la diferenciación junto al financiamiento. A lo largo de las negociaciones, la región ha jugado un rol importante en estos asuntos y ha presentado propuestas constructivas.
El eje central: la transición hacia un desarrollo sostenible
Para los países de América Latina, y como lo recordaba Antonio García, representante de la Presidencia de la COP20 (Perú), en el discurso inaugural de la sesión ADP2-10, el interés central en lograr un acuerdo climático global, es permitir y fomentar el desarrollo sostenible de la región.
“ Latinoamérica presenta en su mayoría países de desarrollo intermedio, y por ello nos interesa que el acuerdo mundial establezca el marco legal y político para iniciar una transformación de las instituciones, de las economías y de las sociedades para hacerlas más amigables con el clima, y, lo más importante, más preparadas y capaces de promover el desarrollo sostenible”, indicó a ConexiónCOP, Rómulo Acurio, representante adjunto del Perú para cambio climático.
Y agregó que la negociación del clima ofrece por primera vez la oportunidad de vincular la solución a un tema que pone en riesgo la integridad ambiental del mundo, con las prioridades que los propios países latinoamericanos han establecido para desarrollarse y eliminar la pobreza. «Ese debe ser el objetivo y el propósito de la negociación de los países latinoamericanos en la COP21”, indicó Acurio.
Reducir las emisiones: objetivos de largo plazo con mediciones de corto plazo
La primera meta que se espera lograr en el acuerdo legal de la COP21 es confirmar el objetivo universal inscrito en la CMNUCC de colaborar y actuar para no superar un aumento de la temperatura de 2°C. En particular, los países latinoamericanos se esfuerzan para que el límite sea de 1,5°C, ya que el límite de los 2°C implica numerosos riesgos climáticos para el planeta, según demostró un reciente estudio.
Para Enrique Maurtua del FARN/Climate Action Network, no basta con tener un objetivo de limitación de la temperatura, es prioritario establecer plazos concretos sobre la reducción de emisiones de CO2 (mitigación), para llegar a la meta. Por ejemplo, los países de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC) que agrupa a Costa Rica, Colombia, Chile, Panamá, Guatemala, Paraguay y Perú, apuestan por establecer una obligación universal de carbono-neutralidad de las economías al 2050, además de un compromiso voluntario de cada país de anunciar una trayectoria de descarbonización nacional hacia el mismo año.
Estos elementos de largo plazo podrían tener el efecto transformador deseado hacia un desarrollo sostenible en América Latina. Enrique Maurtua sostiene que: “estos compromisos de largo plazo son clave porque marcan la dirección, y entre otros dan una señal fuerte a los inversores, en especial para los países de renta media que quieren seguir desarrollándose al mismo ritmo que los recientes años”.
No obstante, para lograr esos objetivos de largo plazo, los países latinoamericanos defienden la necesidad de que se establezcan compromisos cortos de cinco años, que sean revisados a cada periodo, y sobre todo que tengan la obligación de ser cada vez mayores, permitiendo un incremento progresivo del nivel de ambición.
En Bonn, el tema de los ciclos cortos de compromiso y del aumento constante de la ambición fue uno de los más discutidos, y según Mohamed Adow de Christian Aid, “Los países están mostrando cada vez más apoyo a esta idea”. Un estudio publicado el miércoles pasado, que muestra que las Contribuciones Nacionales Determinadas (INDCs) presentadas por los países hasta la fecha nos llevarían a una trayectoria de incremento de la temperatura mucho más alta que los 2°C, ayudó también a reforzar estos temas.
Hacerle frente a los impactos del cambio climático
Si bien es fundamental que se implementen acciones de mitigación, los efectos del cambio climático ya se están manifestando e impactan a los países de Latinoamérica, entre otros a través de desglaciación, aumento de nivel del mar, inundaciones o sequías extremas según la zona. Asimismo, los países necesitan actuar desde ahora para adaptarse a estos efectos adversos en el clima.
Según indica Sven Harmeling de CARE: “varios países latinoamericanos, en particular del grupo AILAC, han sido muy productivos en los últimos años para reflexionar sobre cómo podemos usar este régimen para todos mejorar nuestra adaptación y aprender de cada uno, y han hecho varias propuestas interesantes para el texto de negociación.”
Rómulo Acurio sostiene que “el hecho de que el acuerdo contenga un compromiso universal de acciones nacionales de adaptación es clave para el potencial de transformación de nuestros países”.
Otro tema que se discutió mucho la semana pasada en Bonn y que están empujando los países latinoamericanos, en particular la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), grupo conformado por Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Antigua y Barbuda y Dominica, es él de los “daños y pérdidas”, es decir, los daños producidos por el calentamiento global y a los cuáles un país no se puede adaptar, como los desastres naturales.
En la sesión plenaria de apertura de la semana, Dominica, en nombre de ALBA, llamó la atención sobre la tormenta tropical Erika que golpeó al país recientemente, y sostuvo que es fundamental afrontar la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático, en particular lo relacionado a las pérdidas y daños. Varios países en desarrollo piden una línea específica de financiamiento para pérdidas y daños.
“ Hasta ahora no teníamos mucho soporte para la inclusión del tema de pérdidas y daños en el acuerdo, sin embargo lo que hemos visto en el ADP2-10 es que los países aceptan más la idea”, sostiene Mohamed Adow de Christian Aid.
Actualmente existen dos propuestas sobre el tema, una que ubica los daños y pérdidas en el acuerdo de París, y otra de los países desarrollados, que propone incluirlo solo en la decisión que acompañará el acuerdo, dándole así menor importancia.
Una repartición justa del esfuerzo
Un tema clave para los países latinoamericanos y en general los países en vías de desarrollo es el de la diferenciación, es decir reconocer en el acuerdo que los países desarrollados tienen una responsabilidad histórica en la generación del cambio climático y que por lo tanto deben hacer más esfuerzos para solucionarlo.
“El nuevo acuerdo va a aplicar para todos, pero es muy importante que la decisión sea justa y equitativa, y que respete el concepto de la Convención “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, permitiendo que los países latinoamericanos hagan la cuota de responsabilidad que realmente les corresponde”, precisa Enrique Maurtua.
El debate se cristaliza alrededor de la cuestión del financiamiento que los países desarrollados deberían proveer a las naciones en vías de desarrollo, para financiar la transición hacia un desarrollo sostenible (en particular la transición energética), entre otros a través del Fondo Verde para el Clima, que tiene como objetivo lograr una capitalización de US$100 mil millones anuales después del 2020, y que hoy solo ha logrado unos 10.2 mil millones. Según Enrique Maurtua: “Ningún país latinoamericano va a poder hacer esta transición si no cuenta con un cierto nivel de apoyo internacional que facilite esa transición”.
“Se necesita un sistema fuerte de cooperación técnica y financiera mundial, y también regional, para apoyar a los planes de mitigación y de adaptación de los países latinoamericanos”, agrega Rómulo Acurio.
No obstante, es importante tener en cuenta que el contexto global ya no es el de 1997 cuando fue adoptado el Protocolo de Kioto y es mucho más complejo. Hoy existen países en desarrollo como China, India, Indonesia, Brasil, México o Irán (en conjunto 38% de las emisiones de CO2 del mundo) que contribuyen de una manera significativa al cambio climático: la división ya no es tan clara como antes. Incluso dentro del continente latinoamericano, se encuentran realidades y niveles de desarrollo diversos.
¿Qué falta para estar listos para la COP21?
La meta, en el periodo que va desde ahora hasta el inicio de la COP21, es “ir recortando el texto, no eliminando opciones, pero más bien combinándolas”, como indica Sven Harmeling. Es necesario que, “los tomadores de decisiones políticas, es decir los ministros, tengan en la COP21 un texto con él que puedan trabajar, y que tengan claro todas las opciones, para poder entrar en discusión e identificar puntos medios”, agrega. En efecto, los organizadores y negociadores están preocupados por no reproducir los errores de la COP de Copenhague, donde el texto base era muy largo, no manejable y terminó siendo un fracaso.
Para enfocarse en el éxito de la COP21, las Partes trabajarán arduamente durante la última sesión de negociaciones en Bonn en octubre, en base a una nueva propuesta borrador que prepararán los Co-Presidentes del ADP, y también a través de varias reuniones informales a nivel ministerial o presidencial, reuniones bilaterales como la próxima entre Estados Unidos y China, y la última etapa será la pre-COP en noviembre.
Además del hecho de lograr adoptar un acuerdo global en la COP21, la otra gran preocupación de los países es alcanzar el consenso sin perder el nivel de ambición que se necesita para realmente proteger al planeta del calentamiento global.