21 países latinoamericanos participaron en la cumbre y sus líderes expusieron sus planes estatales para mitigar el cambio climático.
*Este reportaje es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
“Yo pregunto, ¿para quién existe esta emergencia, cuál es su naturaleza, por qué nadie actúa?”, cuestionó Mia Mottley, primera ministra de Barbados, la única mujer política que intervino en la sesión inaugural de la Cumbre Latinoamericana de Cambio Climático. Argentina fue la sede del encuentro internacional que contó con la participación de 21 países de la región, de forma virtual.
Mottley gobierna una de las siete naciones que convocaron la cumbre, junto con Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Los estados unieron esfuerzos para impulsar el debate de la crisis climática y promover mecanismos de cooperación para “fomentar la ambición climática en las Américas”.
El evento incluyó una serie de diálogos que, además de mostrar cómo el cambio climático afecta a cada uno de los países, comprometió a los líderes políticos a cumplir sus promesas de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), que se realizará desde el 1 hasta el 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, Reino Unido.
La cumbre reunió a expertos económicos, representantes de organismos multilaterales y autoridades internacionales, quienes expusieron sus criterios, propuestas y compromisos en seis paneles que abordaron desde la necesidad de tomar acciones en conjunto para enfrentar el cambio climático y desarrollar mecanismo de adaptación, hasta la importancia de involucrar en estas decisiones y acciones climáticas al sector privado en cada país.
El evento cerró con una “Mesa Redonda Ministerial” que recogió los principales acuerdos de los líderes políticos.
“Necesitamos una justicia social ambiental, el nuevo nombre del desarrollo de nuestra región”, dijo Alberto Fernández, presidente de Argentina, en su discurso inaugural. Fernández, además, presidió el panel “Camino hacia Glasgow. Mejorando la ambición climática”. El Presidente aseguró que en la COP26 formalizará el incremento del 2 % del presupuesto nacional para la mitigación de la crisis climática.
Para lograrlo, alegó que su gobierno ha emprendido varias acciones como la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, además de una mesa de transición para “la promoción de las energías renovables y del desarrollo de un complejo productor y exportador de energías limpias” y de bajas emisiones basadas en el hidrógeno. Además, anunció que en Argentina la deforestación ilegal será tipificada como un delito ambiental.
El presidente afirmó que la meta de Argentina, y toda la región, es evitar que la temperatura del planeta suba por encima de 1,5 centígrados —actualmente, ya se ha elevado 1,1 centígrados, según el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). También planteó la importancia de analizar la economía de la región vinculada al avance del cambio climático.
“La mera medición del Producto Interno Bruto (PIB) nacional no resulta compatible sin tener en cuenta la huella de carbono e indicadores de reducción del daño ambiental”, aseveró el presidente argentino, cuyo país vive una severa crisis: su economía se contrajo en un 10%, su moneda se devalúa constantemente y el aumento de los bienes de consumo es del 40 %. Aun así, Fernández dijo que era vital “poner en valor los activos ambientales, en pesar métricas más allá del crecimiento depredador extractivista”.
Los organismos de cooperación económica internacional son clave para aportar a la lucha por el planeta. Por eso Fernández pidió que se apliquen derechos especiales desde el Fondo Monetario Internacional: que se extiendan los plazos para pagar las deudas de cada país, se reduzcan las tasas de interés, y que les permitan usar fondos de emergencia.
Para John Kerry, enviado especial para el Clima de Estados Unidos, el “mundo nos está gritando” y lamentó que su país “perdió tres años” durante la administración del presidente Donald Trump, quien decidió abandonar el Acuerdo de París en abril de 2016.
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