Amundi apunto que el compromiso para reducir las emisiones podría provocar la caída de activos relacionados con los combustibles fósiles
El cambio climático constituye un riesgo para los inversores, los gestores de activos y la comunidad financiera en general. Así lo han denunciado figuras de la talla de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, uno de los primeros economistas de renombre en denunciar los problemas específicos que supone este asunto para los mercados y en exponer lo que él denomina la «tragedia del horizonte». En concreto, Carney se refiere al hecho de que el cambio climático es un riesgo a largo plazo, muy difícil de cuantificar y de poner en precio por parte de unos mercados acostumbrados a lidiar con riesgos a corto plazo. «No hay incentivos para solucionar este problema por parte de los actores financieros actuales, más centrados en los indicadores a corto plazo», explicaba en este sentido un informe de Amundi.
Esta circunstancia conlleva tres riesgos para la estabilidad financiera, según el documento de la gestora francesa: En primer lugar, están los riesgos relacionados con las responsabilidades legales. Es decir, la posibilidad de que las potenciales víctimas directas del cambio climático exijan compensaciones económicas a los actores contaminantes. En segundo lugar, está el riesgo de que el cambio climático o eventos climáticos como inundaciones, tifones y tormentas produzcan daños «físicos» en algunos activos.
Y, por último, pero no menos importante, están los riesgos denominados de «transición». Es decir, que productos considerados actualmente de gran valor sufran una rápida devaluación resultante, por ejemplo, de cambios tecnológicos o regulatorios. Esto puede suceder, por ejemplo, con los combustibles fósiles, a raíz del compromiso internacional alcanzado en la histórica conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP21), celebrada en París en 2015. «El compromiso internacional asumido en la COP21 ha provocado que se incrementen los esfuerzos internacionales para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto podría provocar que actividades muy intensivas en emisiones de dióxido de carbono o la explotación de activos como los combustibles fósiles se vieran afectados», avisa la gestora internacional de origen francés.