Transición Justa: el reto de compatibilizar ambiente y empleo

(Foto: IAEA, vía Flickr).

El pasado diciembre, Alemania cerró su última mina de carbón, que sumaba 155 años en funcionamiento. Los planes para Prosper-Haniel, ubicada en la localidad de Bottrop en el Valle del Ruhr, son convertirla en una central hidroeléctrica capaz de proporcionar 200 MW para abastecer de electricidad a 400.000 hogares en 2025.

Con esta medida, el país que hoy preside Angela Merkel avanza en el cumplimiento de los compromisos climáticos que adquirió ante el Acuerdo de París, tratado internacional que busca que el aumento de la temperatura media global no sobrepase los 2 °C e, idealmente, ni siquiera supere el 1,5 °C antes de fin de siglo, esto con respecto a los niveles pre-industriales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Si bien la industria carbonera de Bottrop pasó de emplear 600.000 mineros en 1950 a 4.500 en 2017, el cierre de Prosper-Haniel implicó dejar sin empleo a 1.500 personas. Sin embargo, a diferencia de otros países, sus trabajadores vienen preparándose para esta situación desde hace 11 años, cuando el Gobierno alemán anunció el cierre progresivo de las minas de carbón, en línea con la Decisión 787/2010 de la Unión Europea que, hace casi una década, estableció la prohibición de continuar subvencionando la extracción de carbón a partir del 1 de enero de 2019, anticipando el cierre de las explotaciones mineras no competitivas que tuvieran lugar en el bloque.

Fue entonces cuando las autoridades locales germanas comenzaron a idear y ejecutar un plan de transición para los trabajadores, a la vez que buscaban incrementar la competitividad del Valle del Ruhr a través de universidades, centros de investigación y empresas emergentes.

Ahora bien, los alemanes no son los únicos preocupados por asegurar una transición justa para sus trabajadores provenientes de una industria basada en fuentes energéticas fósiles, como lo es el carbón. Otras naciones, principalmente en el Viejo Continente, están haciendo lo propio.

Ejemplo de ello es la Comisión de la Transición Justa que se creó en Escocia. “La transición trae retos, pero también oportunidades”, dijo al respecto Rossana Cannighan, ministra de Medioambiente escocesa, durante un evento paralelo en la pasada conferencia climática de Naciones Unidas (COP24), que se realizó en la ciudad de Katowice, Polonia, en diciembre del 2018. “Los trabajadores tendrán que cambiar, incluso aprender nuevas destrezas con miras a los nuevos empleos, pero lo importante es que aún tendrán trabajo”, destacó.

También España está trabajando en esa línea, aunque con algo más de retraso y, por ende, menos planificación. “En los últimos 25 años, en España se han dado 30.000 millones de euros solamente a la minería del carbón y este dinero público –que desde hace 10 años se sabía que debía ser destinado a ir cerrando en forma progresiva y planificada las minas, para que no fuesen procesos traumáticos– se usó muy mal. Al día de hoy, no tenemos ningún caso de éxito, donde el dinero haya sido invertido para que generar alternativas”, describió Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía en Greenpeace España. “No hubo ninguna implicación desde la industria del carbón para garantizar la transición”, añadió.

La historia cambió a mediados del año pasado cuando Teresa Ribera asumió el liderazgo del Ministerio de Energía, Agua, Medioambiente y Cambio Climático en España. Ella fue enfática en que “la normativa europea hay que cumplirla” y quien, después de diciembre de 2018, “quisiese continuar [explotando minas de carbón] iba a tener que devolver todas las ayudas que había recibido para el cierre”. Con esta prerrogativa, y la normativa europea sobre la mesa, la funcionaria se sentó a negociar con los sindicatos y las empresas, dijo Nuño. Y así se hizo. Las 26 explotaciones carboníferas que quedaban en el país (12 en producción) se comprometieron a cerrar sus puertas con el caer de 2018 o devolver los 504 millones de euros que habían recibido en forma de ayudas para el cierre. Para entonces, quedaban menos de 3.000 empleados en esta industria: algunos fueron adjudicatarios de prejubilaciones, otros fueron abordados dentro de planes abocados a la transición justa. “No son muchos trabajos, pero es un movimiento muy importante a nivel social. Es un hito relevante”, dijo la especialista de Greenpeace.

¿Qué es la transición justa?

Si bien el actual contexto, favorable a las renovables, dejará sin empleo a personas que laboran en el sector energético basado en fósiles, las fuentes limpias también son un catalizador de alternativas incluso para esas personas. Tampoco hay que esperar muchos años para ver este beneficio. La industria renovable prevé continuar desarrollando nuevas tecnologías, pero las existentes requieren de mano de obra capacitada. Para Montserrat Mir Roca, secretaria de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés), esa es una señal positiva, porque quiere decir que ya existen fuentes de empleo.

Y los números la respaldan: solo en 2017, este sector posibilitó el surgimiento de más de 500.000 puestos, 5,3% más de los que había creado un año antes, y sumó 10,3 millones a nivel global, según el último reporte Renewable Energy and Jobs de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés).

Ahora bien, y Mir Roca es enfática en ello, el proceso de transición justa debe asegurar una adecuada y accesible infraestructura de capacitación. Cannighan apunta que esta infraestructura de capacitación debe proveer de nuevas destrezas y herramientas a los trabajadores para desempeñar una nueva labor. Si bien mucho del conocimiento adquirido en la industria basada en combustibles fósiles aún es útil, se debe entrenar a las personas para realizar un trabajo diferente. El término en inglés utilizado por la ministra escocesa para denominar este proceso es “reskilling”.

De acuerdo a Mir Roca, este “reskilling” requiere de nuevos modelos de gobernanza. En sus palabras: “con las nuevas tecnologías podemos crear nuevos empleos, pero estos deben venir acompañados por negociación colectiva y diálogo social. Te pongo un caso: a los empleados hay que involucrarlos en la discusión sobre el cierre de una mina o una térmica. Decirles que se tiene previsto abrir una planta eólica, por ejemplo, y que se tiene empleo para él, pero se tiene que comprometer a capacitarse”.

“¿Estamos seguros que todos los empleos verdes son buenos empleos?”, cuestionó, a su vez, Sharan Burrow, secretaria General de la Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC, por sus siglas en inglés), durante su intervención en uno de los eventos paralelos realizado en el marco de la COP24. Para Mir Roca, el interrogante es válido y, por eso, es crucial asegurar que el trabajo informal se convierta en formal y, con ello, exista seguridad social que proteja a las personas ante los riesgos del trabajo, se respete sus derechos de horario, descanso y paga, entre otros.

Aún así, algunas personas quedarán excluidas y perderán su trabajo al materializarse la transición. Es por ello que tanto la ETUC como la ITUC abogan por programas justos de jubilación anticipada para aquellos empleados de industrias fósiles que vayan a verse afectados de este modo. “A una persona que haya estado trabajando en una térmica o en una mina, a una edad determinada, no le puedes pedir que se ‘recicle’ o reinvente para así poder usar las nuevas tecnologías. A esa persona hay que jubilarla”, acotó Mir Roca.

En este sentido, un factor fundamental para garantizar la transición –subrayó Nuño– es que debe haber una visión. “Tenemos que saber hacia dónde vamos, qué modelo queremos. ¿Cómo se va a dar la transición justa si no ponemos ni los tiempos ni las fechas ni tenemos la visión de hacia dónde vamos?”, cuestionó. “Hay que planificar y hay que hacerlo con una visión, porque planificaciones de cuatro años no nos llevan hacia ningún sitio”.

Otro aspecto de la transición justa está relacionado a las comunidades. Muchos pueblos se desarrollaron alrededor de una minera o una térmica y, con el cierre, se perderán otros empleos que nacieron a la luz de sus cadenas de suministro y distribución.

“Para ser justos con las comunidades locales, hay que luchar para no fomentar islas de pobreza. Hay que invertir en desarrollo”, manifestó Patryk Bialas, director de Innovación y Competencia de Euro-Centrum, un parque científico y tecnológico ubicado en Katowice, que se erige como un ejemplo de esta consideración hacia las comunidades al ocupar un área post-industrial que antes pertenecía a una compañía estatal que colapsó (según su presidente, Pawel Podsiadlo, Euro-Centrum revitalizó unas siete hectáreas con 10 edificios modernos) y con el desarrollo de tecnologías de eficiencia y ahorro energético siendo el foco de 100 de las 120 empresas que lo ocupan.

Para ello cuentan con el apoyo y asesoría de 30 universidades e instituciones tecnológicas en Polonia. Este parque industrial posee laboratorios donde se pueden probar nuevos materiales e experimentar con redes inteligentes (conocidas en inglés como “smart grids”). También cuenta con su propia estación meteorológica. Sin embargo, la joya de su corona es un simulador de radiación solar conocido como “sol artificial” que permite realizar una serie de experimentos sobre eficiencia de paneles solares, pero también se están probando nuevos materiales como recubrimientos para automóviles que pudieran tener un potencial como colector de energía solar.

Si bien sus servicios se brindan mayoritariamente en la región de Silesia, Euro-centrum tiene una cartera de clientes que abarca al resto del Polonia, Alemania, República Checa y México.

Asimismo, el parque industrial cuenta con un centro de capacitación en energías renovables, principalmente enfocado en energía solar y eficiencia en edificios, que permite entrenar a empresas que se dedicarán a prestar el servicio de instalación y mantenimiento al consumidor final.

“Debemos impulsar la innovación social de la mano de la tecnología y preparar a la comunidad para esa transición”, manifestó Podsiadlo.

Recuperación ambiental

El tercer aspecto de la transición justa consiste en garantizar la recuperación ambiental del lugar donde yacía la mina o térmica. “Lo que vemos que es fundamental para que una transición sea exitosa, es que tiene que ir acompañada de políticas que, en primera instancia, garanticen que va a haber empleo en conservación ambiental, en recuperación ambiental de la minería y de las aguas, y en restauración ambiental, así como también en una instalación de energía renovables”, suplementó Nuño al respecto.

En 2018, Bialas fue electo concejal de Katowice. Su plan de trabajo se basa en tres pilares: energía verde, aire limpio y más áreas verdes. La razón detrás es que esta ciudad polaca se encuentra en la posición número 19 de la lista de ciudades con mayor polución de aire, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De hecho, 33 de las 50 ciudades en la Unión Europea con peor contaminación aérea se encuentran en Polonia. En el caso de Katowice, dijo el director de Innovación y Competencia de Euro-Centrum, las causas son la quema de residuos como llantas y colchones, entre otros, así como la combustión de carbón, sobre todo en invierno, cuando se utiliza como fuente energética con fines de calefacción.

Según él, en Polonia, mueren anualmente entre 46.000 y 50.000 personas por ataques al corazón causados por polución atmosférica. En Katowice, esa cifra es de 600 personas al año. “Para dimensionar la contaminación del aire, es como si los ciudadanos de Katowice inhalaran el humo de 1.700 – 2.500 cigarrillos al año. Su expectativa de vida se acorta en alrededor de nueve meses debido a esa contaminación”, advirtió Bialas.

Se entiende, entonces, por qué es necesario rehabilitar ecológicamente los sitios donde yacían las mineras y térmicas, y garantizar que allí existan más espacios verdes con árboles que permitan remover la contaminación, campañas sobre manejo adecuado de residuos, directrices para prevenir derrumbes en minas y protección de fuentes de agua, entre otros.

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